Los niños y jóvenes migrantes no suelen ser considerados niños ni jóvenes por los países de destino a los que migran en Europa. Si fueran considerados de tal manera, la forma en que serían recibidos y tratados sería radicalmente otra.
Otra es la forma en la que necesita ser explicada esta historia, entonces.
«De infancia en peligro a infancia peligrosa» es a la vez un proyecto y una investigación periodística que analiza el sistema de acogida de menores no acompañados y la intervención de las diferentes instituciones y agentes sociales. El proyecto, financiado por la Comisión Europea a través de Lafede.cat (Federación de Organizaciones por la Justicia Global de Cataluña), se ha desarrollado en Melilla, Nador (Marruecos) y Barcelona, donde se han realizando entrevistas a jueces, fiscales, educadores, cuerpos de seguridad y responsables de las administraciones públicas.
Con este trabajo se busca también un cambio de mirada para deconstruir la etiqueta criminalizadora del «menor no acompañado» y construir una nueva narrativa mediática, política y social. Desvelar el racismo institucional sin caer en la reproducción del imaginario visual y narrativo que se ha impuesto al relato de los «menores no acompañados» en los medios de comunicación.
Contra la hipervisibilización
Hace poco más de 20 años que empezaron a llegar a las costas de España menores de edad migrantes, que tuvieron que ser recibidos por un sistema de protección de la infancia ya deficiente de partida. Sectores críticos han cuestionado el papel de la administración y el Estado, pero la relación entre raza, clase, migración y protección de la infancia ha sido siempre un ángulo ciego: cuestiones como las relaciones (neo)coloniales entre los países de procedencia de esta juventud y los países de destino, sus relaciones económicas, diplomáticas o sociales no han formado parte de los análisis.
En tiempos recientes, la presencia de los menores migrantes en el Estado español adquiere una visibilidad notoria en los medios de comunicación. Los análisis del estado de las cosas han seguido tres tendencias: la criminalización descarada, el paternalismo exacerbado y el abandono institucional. Y siempre, sin excepción, con una hipervisibilización de los chicos como sujeto sobre el que pivota cualquier trama. Hipervisibilización que ha conllevado en los últimos meses una exposición que los ha convertido en objeto de noticias de tinte amarillista, operaciones policiales de corte securitario y víctimas de no uno sino varios ataques racistas en las calles y en los centros donde viven.
Este proyecto, con una clara voluntad de llamar la atención sobre el racismo institucional que vertebra los itinerarios de los chicos, es, por lo tanto, el resultado de una especie de laboratorio que tiene la voluntad de no reproducir el imaginario visual y narrativo vinculado al relato de los «menores no acompañados». No es necesario centrar el relato en la exposición de los chicos y su itinerario, ni en las violencias sufridas. No serán ellos el objeto de las noticias (y las fotografías), sino el resto de agentes partícipes y responsables del sistema migratorio y de protección de la infancia y la adolescencia: la policía, el cuerpo judicial, la abogacía, la clase política, el funcionariado… Y con ellos, todos los objetos y espacios que acompañan su labor, con toda la carga simbólica que acarrean.
No es necesario centrar el relato en los chicos y su itinerario, ni el as violencias sufridas: no serán ellos objeto de las fotografías, sin el resto de agentes y responsables del sistema migratorio
Esta tarea se ha encontrado con múltiples limitaciones; inherentes a la capacidad creativa del equipo, al sentido del periodismo dominante actual, —en un mercado atravesado por el racismo, esta mirada «no vende»— y a las limitaciones estructurales (como el acceso a funcionarios o datos estadísticos). Pero el proyecto no podía alimentar el monstruo del racismo mediático, el statu quo donde se potencian relatos bienintencionados pero tópicos: «Acaban optando por la vida en los márgenes porque el sistema los empujó a ello»; «son unos pobrecitos en busca de una vida mejor porque sus países no tienen sistemas de bienestar social»; «son buenos chicos»… Y dejar fuera de foco la maquinaria burocrática e institucional que hace que la «infancia en peligro» pase a ser considerada «infancia peligrosa».
Indumentaria, herramientas y espacios que utiliza la policía judicial GRUME ( Grupo de Menores ), en Melilla. Los GRUME se crean en 1986 y existen en Barcelona, Madrid, Valencia y casi la totalidad de las capitales de provincia y otras ciudades con especial incidencia en temas relacionados con menores.
La edad: diferentes procedimientos para la determinación de la edad: radiografía para determinar la madurez ósea en los huesos de mano y muñeca, medidor óseo del calibre de los huesos y orquidómetro, para medir el volumen testicular mediante comparación.
El racismo estructural destroza la salud de los niños y niñas, y se muestra a través de las pruebas a las que son sometidos: radiografías de muñeca, análisis de la cavidad bucodental y, en algunos casos, radiografía de clavícula. Las pruebas oseométricas, como la de la muñeca, datan «de principios del siglo XX, con un margen de error —4 años de diferencia— y están basadas en adolescentes caucásicos». Hay otras en la que se les expone a un desnudo integral para evaluar el desarrollo de sus genitales y vello púbico. Unas pruebas donde los chavales van sin intérprete, sin estar acompañados por nadie —salvo por un policía o por un tutor esporádico—, sin cuidar los términos de la infancia y de forma invasiva, contradiciendo así en la práctica lo que dice el protocolo en teoría: que el menor debe ser correctamente informado de las pruebas y dar su consentimiento.
Una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 estableció que esas pruebas no pueden aplicarse indiscriminadamente : «El inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido». La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas dictaminó en mayo del 2019 en la misma dirección: los documentos de identidad deben considerarse auténticos a menos que se pruebe lo contrario. Pero los menores no acompañados, cuando son localizados, no reciben la atención inmediata que pudieran necesitar por parte de los servicios competentes en materia de protección de menores. Además, se demora su ingreso en el sistema de protección de menores mientras se tramita el procedimiento para comprobar su minoría de edad.
El 30 de abril de 2020, la fundación Raíces denunció, con un informe sobre 40 casos reales, que la Fiscalía General del Estado no reconocía la validez, de manera sistemática, de los pasaportes y partidas de nacimiento de los menores procedentes de Marruecos o el África Subsahariana que llegan solos a España.
Fiscalía de menores (edificio F de la Ciudad de la Justicia de Barcelona)
Las entidades de protección de menores, mediante su acción u omisión, ejercitan ciertas actuaciones que pueden ser consideradas como maltrato institucional. Existen casos de menores tutelados por las entidades de protección que sufren agresiones en los centros de acogida donde residen, por parte de los trabajadores del propio centro, principalmente por parte de algunos vigilantes de seguridad de los centros de primera acogida . También se han detectado numerosos casos de menores no acompañados que abandonan los centros del sistema en los que están acogidos y terminan viviendo en la calle sin ningún tipo de protección ni ayuda. Del mismo modo, se viene denunciando frecuentemente el traslado, solos, de menores no acompañados, tutelados por una administración, al territorio de otra Comunidad Autónoma, pagándoles la administración los billetes de autobús, o tren, para su traslado, pero sin coordinarse con las otras comunidades, ni hacer en todo caso una derivación con garantías, con el riesgo que eso supone de niños y niñas que se pierden en los viajes y se quedan en situación de abandono. Además, cuando transcurren seis meses desde que el menor abandonó el centro de protección en el que estaba acogido y se encuentra en paradero desconocido, las Administraciones proceden a dar por extinguida la tutela del menor.
Cerradura y llaves de un piso para mayores de 18 años.
En la cabecera, detalle de una radiografía para determinar la madurez ósea de un menor en la mano y muñeca.