La compra de tierras por parte de grandes empresas y gobiernos (llamado Landgrabbing) expulsa a los habitantes tradicionales de su lugar en el mapa y a las tierras de su condición natural.

En este ensayo de su obra Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global (Katz Editores) la socióloga Saskia Sassen explica el fenómeno y cómo condiciona las cartografías geopolíticas de mundo, hoy.  


La adquisición de tierras de cualquier lugar por gobiernos extranjeros y empresas extranjeras es un proceso que se inició hace siglos en buena parte del mundo. Pero podemos detectar fases específicas en las diversas historias y geografías de esas adquisiciones. Un cambio importante se inició en 2006, marcado por un rápido aumento del volumen y la difusión geográfica de las adquisiciones extranjeras, así como por la diversidad de los compradores. Según estimaciones, entre 2006 y 2011 gobiernos y empresas adquirieron más de 200 millones de hectáreas de tierra en otros países. Buena parte de las tierras compradas están en África, pero hay una parte cada vez mayor en América Latina y, por primera vez desde el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial, en varios países de Europa y Asia, principalmente Rusia, Ucrania, Laos y Vietnam. Finalmente, los compradores son cada vez más diversos, incluidos individuos originarios de países que van desde China hasta Suecia, y empresas de sectores tan diferentes como la biotecnología y las finanzas.

Lo que importa para mi análisis es ese cambio tan abrupto en el nivel total y el alcance geográfico de las adquisiciones de tierras por extranjeros. Eso representa una ruptura en una tendencia de larga duración y por lo tanto se convierte en un indicador de un cambio sistémico mayor, un cambio que va más allá de los viejos patrones de adquisición establecidos. Hay dos factores significativos que contribuyen a ese brusco aumento de las adquisiciones. Uno es la creciente demanda de cultivos industriales, principalmente palma para biocombustibles pero también cultivos alimenticios, esta última proveniente sobre todo de los estados del Golfo Pérsico y de China.

El segundo es que la creciente demanda de tierras y el notable aumento de los precios globales de los alimentos en la década de 2000 hicieron de la tierra una inversión deseable, incluso por razones especulativas. Hoy es de público conocimiento que ya desde 2006 los principales bancos estaban preocupados por indicios de la extraordinaria crisis financiera que estaba a punto de estallar. No es coincidencia que la tierra haya surgido entonces como destino de capitales de inversión, no solo por su materialidad (la cosa misma, y no algún derivado que representa la tierra) sino también como medio de acceder a una gama cada vez mayor de mercancías (alimentos, cultivos industriales, minerales raros y agua).

La creciente demanda de tierras y el notable aumento de los precios globales de los alimentos en la década de 2000 hicieron de la tierra una inversión deseable

La adquisición de tierras en el extranjero no es un acontecimiento solitario. Requiere, y a su vez estimula, la formación de un vasto mercado global de tierras. Implica el desarrollo de una infraestructura de servicios igualmente vasta para permitir las ventas y adquisiciones, obtener propiedades o derechos de arrendamiento, desarrollar instrumentos legales apropiados e incluso presionar en favor de la creación de nuevas leyes para hacer espacio para tales compras en un país soberano. Se trata de una infraestructura que va mucho más allá de apoyar el mero acto de comprar: no solo facilita sino que además estimula ulteriores adquisiciones extranjeras de tierras. Ese sector de servicios especializados, cada vez más sofisticado, inventa nuevos tipos de contratos y formas de propiedad y crea instrumentos innovadores en la contabilidad, los seguros y la legislación. Ese sector especializado, a su vez, a medida que se desarrolla depende de ulteriores adquisiciones de tierras como fuente de beneficios. Estamos viendo los inicios de una mercancificación a gran escala de la tierra, que a su vez podría conducir a la financialización de la mercancía que seguimos llamando simplemente tierra.

La escala de las adquisiciones de tierras deja una vasta impronta en el globo. Se caracteriza por un enorme número de microexpulsiones de pequeños agricultores y pequeñas poblaciones, y por crecientes niveles de toxicidad en las tierras y las aguas que rodean las plantaciones construidas en las tierras adquiridas. Hay números cada vez mayores de personas desplazadas —migrantes rurales que se mudan a barrios míseros en las ciudades—, aldeas y economías de subsistencia destruidas, y a la larga, mucha tierra muerta.

¿Qué ocurre en realidad cuando un nuevo propietario/arrendatario, nacional o extranjero, ha adquirido 2,8 millones de hectáreas de tierra para plantar palmeras para producir biodiesel? Ante todo, docenas de aldeas, distritos agrícolas de pequeñas propiedades enteros y operaciones manufactureras completas son expulsados de esas regiones rurales. Algunos quizá reciban compensación y algunas quizá sean reinstaladas en terrenos equivalentes, pero en general las pérdidas son mucho mayores que las compensaciones. Por último, la flora y la fauna son expulsadas para dejar lugar a los monocultivos. Todo eso conlleva degradación de esas tierras y del planeta entero, a través de la pérdida de diversidad, de nutrientes y de insectos. Después de unas pocas décadas las tierras estarán agotadas, clínicamente muertas, como hemos visto en zonas más antiguas de plantaciones en América Central, el Caribe y partes de África. A plazo muy largo es posible que las tierras se recuperen, pero los descendientes de los agricultores y manufactureros rurales muy probablemente no se beneficiarán, y en cambio se encontrarán viviendo apiñados en barrios míseros en la periferia de ciudades grandes.

Permítaseme subrayar que esta trayectoria ha pasado a ser la norma, independientemente de quién está comprando tierra y dónde. Millones de pequeños agricultores brasileños han sido expulsados de sus tierras, que fueron absorbidas por grandes plantaciones de soja que producen para la exportación. Los transformadores pueden ser empresas o individuos, nacionales o extranjeros. Un resultado ha sido el hambre en regiones donde solía no haberla, aunque los habitantes fuesen pobres: la soja ha reemplazado a los porotos negros que eran fuente de ingresos y alimento para los agricultores pobres. Y muchos de ellos no han tenido otra opción que mudarse a los barrios más pobres de grandes ciudades. El hambre nueva es acentuada además por la toxicidad que las grandes plantaciones llevan al área circundante, que dificulta a las familias de los trabajadores de la plantación usar sus pequeñas parcelas para producir alimentos.

Las prácticas materiales concretas que subyacen a esas adquisiciones extranjeras en gran escala varían enormemente. Me interesan esas prácticas materiales, que transforman territorio de un Estado soberano convirtiéndolo en algo mucho más elemental: tierra para usufructo. Ese proceso, por lo menos indirectamente, degrada a los gobiernos que vendieron y arrendaron la tierra. Del mismo modo, la expulsión de agricultores y artesanos, aldeas, distritos manufactureros rurales y distritos de pequeños agricultores degrada la significación de la ciudadanía para la población local. Y cuando las minas y las plantaciones ocupan tierras donde no hay gente, degradan la tierra y el agua. Esas prácticas materiales reconstituyen territorio en grandes secciones del Estado nacional: el territorio pasa a ser simplemente tierra en el caso de plantaciones, y tierra muerta en el caso de minas.

Se trata de historias y geografías aceleradas que están haciéndose. Sabemos que en este momento muchos millones de personas están siendo dramáticamente afectadas por la escala de esos procesos. El hecho de que la gran mayoría de las adquisiciones realizadas a partir de 2006 fueron hechas por gobiernos y empresas extranjeros podrá ser decisivo para el pueblo de esas áreas o no. A veces los gobiernos anfitriones aceptaron esas transacciones en beneficio de élites locales; otras veces sucumbieron a presiones y comisiones. Para los investigadores es más fácil seguir la pista de las adquisiciones extranjeras que de las nacionales, porque la información sobre las primeras tiene más probabilidades de ser de dominio público. Pero también está habiendo adquisiciones nacionales en gran escala, con implicaciones similares a las que examino para las adquisiciones extranjeras.

Un caso: la producción de palma a nivel del suelo

El aceite de palma, que se comercia en los mercados internacionales de mercancías y de futuros como aceite de palma crudo, es un componente de una cantidad enorme de productos, entre las que se incluyen raciones para ganado, alimentos preparados, aceites de cocina, cosméticos, lubricantes y combustibles. Entre 2000 y 2010 el consumo de aceite de palma se duplicó para llegar a 46,8 millones de toneladas, superando en 2005 al aceite de soja para pasar a ser el aceite vegetal más popular del mundo. Para 2020 se espera que el consumo de todos los aceites vegetales aumente un 2,5 por ciento, con el aceite de palma siempre como líder de esa categoría.

En bruto, el aceite de palma crudo es frágil: en los frutos de palma recién cosechados el aceite empieza a descomponerse tan solo 48 horas después de la recolección, lo que significa que los productores necesitan tener rápido acceso a los lugares de procesamiento. Los molinos que extraen y estabilizan aceite de palma requieren entre 4000 y 5000 hectáreas de cultivos para producir con su máxima eficiencia. Los sistemas de transporte, la infraestructura y las economías de escala requeridas para la producción rentable de aceite de palma significan que lo que responde a la creciente demanda es el monocultivo, generalmente en plantaciones enormes o grupos de pequeños agricultores con apoyo gubernamental.

Plantaciones de palmeras de aceite en una fase temprana en Kalimantan central, en la parte indonesia de la isla de Borneo. (Fotografía de Glenn Hurowitz)

El 80 por ciento del aceite de palma comercial se produce en Malasia (4 millones de hectáreas de tierra dedicados a la producción de aceite de palma) e Indonesia (7,5 millones de hectáreas para la producción de aceite de palma). La escasez de tierra arable en Malasia está empujando la nueva producción hacia Indonesia, donde los inversores mayoritarios en alrededor de dos tercios de todas las nuevas empresas para la producción de aceite de palma son conglomerados malayos. El gobierno de Indonesia ha impulsado el aceite de palma como favorable a los pobres, creador de empleo y generador de crecimiento: el 85 por ciento del aceite de palma que se consume en Indonesia se utiliza como alimento, especialmente como aceite de cocina barato, y 3,5 millones de pequeños agricultores producían el 40 por ciento de la cosecha de aceite de palma de Indonesia.

Pero para los habitantes del lugar las perspectivas no son tan brillantes. En la provincia indonesia de Riau, las protestas de los pequeños agricultores contra la industria de la palma se iniciaron poco después de 1980. Fue entonces que funcionarios gubernamentales requirieron la renuncia a las tierras de propiedad colectiva y su redistribución para desarrollar plantaciones de palma aceitera.

Los derechos sobre la tierra en Indonesia son nebulosos, vagos y con frecuencia inseguros. La ley consuetudinaria, conocida como adat en Indonesia y Malasia, fue codificada e integrada a la legislación colonial holandesa y sigue siendo una parte importante, aunque contestada, del marco legal indonesio. El adat varía mucho entre los grupos étnicos de Indonesia, pero muchos pueblos indígenas tienen tierras a través de hak ulayat (tenencia común) o hutan adat (licencia forestal consuetudinaria). La Ley Agraria Básica de 1960 limita el reconocimiento gubernamental de derechos de tierras en adat a los casos en que «la tierra se halla en propiedad de una comunidad adat reconocida [,] los límites son definidos y comprendidos y la comunidad es reconocida y funciona como tal bajo principios legales de adat». Los problemas de este tipo suelen ser ignorados en el marco para resolver conflictos entre derechos superpuestos y concesiones de tierra, como conflictos entre empresas mineras y agrícolas. Además, el sistema de registro de tierras en Indonesia es insuficiente; dos tercios de toda la tierra en administración forestal dentro del país no tienen título. Esas ambigüedades e inadecuaciones dejan mucho espacio para que intereses corporativos desafíen los derechos de comunidades sobre tierras. Varios gobiernos de Indonesia (especialmente el régimen de Suharto) buscaron activamente incorporar más territorio al control estatal directo, al tiempo que varias empresas han reclamado con éxito propiedades sin contar con la documentación adecuada.

Vivero de palmeras de aceite en Borneo. (Fotografía del experto en ecología y conservación Lian Pin Koh, autor también de la imagen de cabecera, situada en Sabah, Borneo.)

Los conflictos por la tierra llegaron a estallar en la provincia indonesia de Riau, en la isla de Sumatra. Los habitantes se opusieron a la expansión de las plantaciones de palma aceitera desde la década de 1980; la oposición a la industria fue reprimida durante la dictadura de Suharto pero se ha extendido mucho y muy rápido desde el cambio de régimen en 1998. El 70 por ciento de todas las plantaciones de palma en Riau son propiedad de intereses malayos; muchas de esas compañías han participado en adquisiciones dudosas y no han respetado debidamente los derechos de comunidades locales que poseen la tierra en común. De acuerdo con la Ley Agraria Básica de 1960 se puede obligar a una comunidad a renunciar a tierras; esto ocurre especialmente en áreas en las que grupos locales mantienen la propiedad colectiva de la tierra pero se dedican a la producción para el mercado en lugar de seguir formas de vida indígenas.

Veamos un caso que ilustra algunas de las tensiones que se remontan a muchos años y el prolongado proceso de reconocimiento por el Estado de los derechos de pequeños propietarios. En 1998, PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) se adueñó de 5.508 hectáreas de tierra en la aldea de Rokan Hulu, Riau, sin el consentimiento de los dirigentes del pueblo, y empezó a expulsar ilegalmente a agricultores locales y sus familias. La acción legal logró impedir que el proceso continuara hasta 2012. En febrero de ese año, MAI empezó a desarrollar la tierra pese a que el caso judicial no estaba resuelto. A las ocho y media de la mañana del 2 de febrero de 2012 cien campesinos locales intentaron impedir quebulldozers y excavadoras entraran a sus tierras; a las once de la mañana agentes de la Policía Regional del norte de Sumatra abrieron fuego contra los manifestantes, hiriendo a cinco. No fue la primera vez que los conflictos por tierras en Rokan Hulu llegaron a la acción violenta. Desde 1998 MAI y los dirigentes de una aldea cercana conspiraron para quemar por lo menos 89 casas y destruir 25 plantas procesadoras de palma pertenecientes a miembros de la comunidad. En 2004, dos hombres de Rokan Hulu que protestaban contra la apropiación de tierras por PT Suraya, una compañía productora de aceite de palma, fueron asesinados por los guardias de seguridad de la compañía; la policía local se desplegó en la zona e impidió que el conflicto aumentara, pero no aprehendió a los asesinos.

En respuesta a esos abusos de empresas, en mayo de 2013 el tribunal indonesio correspondiente transfirió millones de hectáreas de tierra del control gubernamental al de comunidades locales, por lo menos de palabra. Sin embargo, la fuerza de esos derechos sobre la tierra continúa dependiendo de los registros gubernamentales y de organismos que en el pasado se han mostrado falibles. Está por verse si los pueblos indígenas de Indonesia pueden utilizar sus tierras para cultivar productos mercantiles para la economía global sin sacrificar su derecho a la propiedad colectiva.

En su conjunto esas adquisiciones de tierra en gran escala han producido un espacio operacional global que está parcialmente incrustado en territorios nacionales. Producen una parcial desnacionalización muy adentro de estados nacionales, un agujero estructural en el tejido de territorio nacional soberano. Yo veo la adquisición de tierra por extranjeros como uno de varios procesos que en parte disgregan territorio nacional. Los contratos desarrollados para esas adquisiciones pasan a ser capacidades de una lógica organizadora que está desarticulada del Estado nacional a pesar de que esas adquisiciones operen muy adentro de su territorio. Además, al hacerlo esos contratos con frecuencia van en contra del interés no solo de gran parte de la población del país sino también del capital local, que tiene muchas más probabilidades de generar bucles de realimentación positivos para las diversas regiones del país. Es importante observar que las adquisiciones extranjeras de tierras en gran escala podrían ser generadoras de buenos empleos y buenos efectos económicos locales, especialmente si están comprometidas con los derechos de los trabajadores y la sustentabilidad ambiental. Pero las tendencias actuales no prometen mucho en esas líneas: es una historia de expulsiones de personas y economías locales y destrucción de biosferas.


TRADUCCIÓN DE STELLA MASTRANGELO

PUBLICADO EN COLABORACIÓN CON KATZ EDITORES

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